El estado español presume de tener el mayor número de policías por habitante de Europa. Los miles de millones de euros destinados a la represión y al mantenimiento de las cárceles superan con creces los gastos sociales. El Gobierno de Rajoy prepara su Ley de Seguridad Ciudadana y su reforma del Código Penal como rearmes definitivos de un aparato opresor que ridiculiza al mundo de Orwell.
Libertad de expresión, de reunión o de manifestación desaparecen, entre muchos
otros derechos civiles, en una política punitiva que confirma la cadena perpetua y que persigue a las personas más vulnerables. El Estado sabe lo que le viene encima y se está armando para la guerra social. En 2013, el gasto en material antidisturbios aumentó un 1.780%, es decir, se multiplicó por más de 18 veces con respecto al año anterior.
Buena parte del armamento va para las polémicas pelotas de goma, un artefacto desaconsejado por la Comisión Europea, prohibida en muchos países por su extrema peligrosidad y que en todo caso debe emplearse según un protocolo (disparar a más de 50m, apuntar al suelo, etc.) que se incumple continuamente. Prueba de su letalidad son los asesinatos de inmigrantes en la valla de Melilla, las decenas de personas que en muy poco tiempo han perdido un ojo y sufrido daños irreversibles, o la muerte
impune de Iñigo Cabacas hace dos años a manos de la Ertzaintza.
Agotada la excusa de ETA, el Estado mira ahora hacia otras luchas sociales que intenta criminalizar. En muchas ocasiones, infiltrándose en las manifestaciones al más puro estilo del caso Scala. En Cataluña, los Mossos d´Esquadra (cuerpo policial responsable de varias muertes solo en el último mes) organizan cursillos para enfrentarse al anarquismo, mientras el año pasado cinco militantes libertarios permanecían cien días en régimen de aislamiento dispersados por cárceles españolas debido a un complot gestado entre políticos, policías y fiscales.
Siguiendo esta línea, también intentan callar toda voz disidente. En el contexto de las Marchas por la Dignidad, siete periodistas resultaban heridos por tratar de grabar una detención. Los medios contrainformativos son cerrados sin miramientos mientras los mass media se ponen al servicio del Estado y el capital.
Partitocracia y Poder Judicial comulgan para minar, por medio de multas desorbitadas e inusitadas penas de cárcel, las fuerzas de colectivos militantes: petición de 14 años de cárcel a dos miembros de CNT Logroño por participar en una huelga general –uno de ellos ni siquiera estaba presente–, condena de 3 años y medio por sacar una ikurriña en el Txupinazo de 2010, penas de prisión por un tartazo a Yolanda Barcina, macrojuicios contra la juventud independentista…
Todos estos casos son la parte más conocida de una realidad que sin embargo es mucho más amplia; una red represiva que se teje desde debajo de la mano de
Ordenanzas “Cívicas” impuestas a la ciudadanía, comportamientos abusivos de una Policía Municipal ya consagrada como una fuerza represiva más, infinidad de asfixiantes sanciones económicas por concentrarse o protestar y un largo etcétera.
El último ejemplo está en las 20 personas, muchas de ellas menores de edad, detenidas en el marco de la última huelga estudiantil tan solo en Iruñerria. Detenciones que, como siempre, cuentan con el beneplácito y la colaboración de la prensa burguesa, que lleva a sus portadas fotografías que ayudan a la Policía a identificar a los manifestantes. Detenciones que ascienden a más de un centenar en
menos de un mes en el estado español en el contexto de luchas sociales: armadores de Santiago, protestas contra el FMI en Bilbo, huelga en la Universidad Complutense…
Como Gazte Anarkistak, por un lado la persecución ideológica hacia el anarquismo, y por el otro lado la criminalización del joven combativo, nos afectan de pleno. Queremos denunciar esta situación, solidarizarnos con todas sus víctimas y abogar por la lucha legítima contra el Estado y todas sus manifestaciones a través
de todos los medios al alcance. Nafarroa. 15/4/2014
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